Tegucigalpa, Honduras. “La intención es lo que cuenta”. Hace una horas se conoció la resolución que establece la defensa de los implicados en el llamado “pacto de impunidad” en libertad y con algunos goce de los derechos.

Los diputados del Congreso Nacional y miembros de la bancada del Partido Nacional de Honduras, Antonio Rivera Callejas y Sara Medina; son descritos como personajes fundamentales para entender uno de los actos de protección de corrupción en el país.

Tras comparecer a la audiencia declaratoria de los imputados, el juez natural que conce la causa penal determino dictar medidas sustitutivas para ambos diputados.

Margen izquierdo de la imagen diputado Antonio Rivera y al margen derecho Sara Medina, cortesía de Proceso digital

Acusaciones hechas por la UFECIC

La Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupcion y la Impunidad en Honduras (UFECIC) y el Ministerio Público presentaron una serie de requerimiento contra varios diputados del país el pasado mes de noviembre.

Sara Medina y Antonio Rivera fueron señalados de manera directa por “falsificación de documentos públicos” en prejuicio de la fe pública y contra la forma de gobierno.

Por estos señalamientos también se presento un requerimiento contra los diputados Román Villeda Aguilar y José Tomas Zambrano; de ellos solo a Villeda Aguilar se le dictó un auto de formal procesamiento, en tanto que Zambrano recibió un sobreseimiento definitivo.

Porqué se les acusa

En un inicio la Fiscalía buscaba probar que los diputados antes mencionados “aprobaron anomalamente la Ley de Presupuesto, con lo cual habrían violentado la voluntad del pleno del Congreso, con la finalidad de crear una ley que favoreciera a diputados que estaban siendo procesado por el mal manejo de fondos públicos, delito que fue llamado Pacto de Impunidad“.

La Sentencia definitiva

Como una autentica burla ha sido calificada la sentencia realizada por un Juez de letras natural que dictó  medidas cautelares a favor de los diputados, entre ellas; presentarse los jueves a firmar a la secretaria de la Corte Suprema de Justicia y no poder salir del país. Así como la reprogramación de la audiencia inicial para el próximo 16 de enero del año 2019.

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