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La CIDH pide ir “inmediatamente” a Guatemala para evaluar papel de la Cicig

La CIDH solicitó hoy al Gobierno guatemalteco autorizar una visita al país de forma “inmediata” con el fin de evaluar el papel de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en la lucha contra la corrupción y ver cómo otras instancias pueden asumir sus funciones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formuló esa petición durante una audiencia de su 169 periodo de sesiones que se celebró a puerta cerrada a petición del Estado.

La visita a la nación centroamericana debería realizarse de forma “inmediata” con seguridad este año e, idealmente, en un periodo de tres semanas o un mes y medio, explicó a Efe la relatora para Guatemala de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, después de la audiencia que se celebró en Boulder (Colorado).

“Yo lo que he planteado a los representantes del Estado es que tengo una disponibilidad para ir a Guatemala para hacer una valoración in situ”, detalló.

El objetivo, afirmó la comisionada, sería conversar con las autoridades guatemaltecas, incluidos los responsables del Ministerio Público y la Corte Constitucional, para ver cómo las autoridades tienen previsto asumir las responsabilidades de investigación que hasta ahora desempeñaba la Cicig.

La Cicig fue creada en 2006 mediante un acuerdo entre la ONU y el Ejecutivo guatemalteco con la tarea de investigar de forma independiente al Estado los delitos cometidos por cuerpos ilegales de seguridad que supuestamente se habían infiltrado en las instituciones desde el fin del conflicto armado (1960-1996).

El 31 de agosto, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció que no prorrogará el mandato de la Cicig, que vence en septiembre de 2019, y una semana más tarde ordenó prohibir la entrada al país del jefe del ente, el abogado colombiano Iván Velásquez, por considerarlo una amenaza.

En varias ocasiones, la Corte Constitucional ha exigido al Ejecutivo que permita regresar a Velásquez, que está en EE.UU.

Frente a los miembros de la CIDH, el Gobierno guatemalteco reiteró las acusaciones de “abusos” contra Velásquez y aseguró que el Ministerio Público está preparado para asumir las responsabilidades de la Cicig, indicó a Efe el embajador de Guatemala en Uruguay, Antonio Arenales.

Arenales representó hoy al Estado guatemalteco en la audiencia dedicada a la Cicig porque participó en los acuerdos que dieron lugar al nacimiento de este órgano adscrito a Naciones Unidas.

Junto a Arenales, acudió la embajadora de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Rita Claverie.

De acuerdo a Arenales, el Gobierno pidió que la audiencia fuera a puerta cerrada porque no le parecía “oportuno” que, de manera pública, la CIDH abordará un tema que el Gobierno guatemalteco está debatiendo con el secretario general de la ONU, António Guterres, con quien Morales se reunió la semana pasada.

Durante la sesión, las organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraba el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), aseveraron que el “objetivo principal” de Morales es acabar con la Cicig para proteger a otros y a sí mismo de la acción de la justicia.

La Cicig y la Fiscalía han pedido desaforar al mandatario para que pueda ser investigado por un delito de financiación ilícita en la campaña electoral que lo llevó al poder en el año 2015.

Además, las investigaciones han salpicado a dos de sus familiares más cercanos, su hijo José Manuel y su hermano Sammy, quienes afrontan un juicio por un caso de fraude al Estado en 2013.

Los grupos de la sociedad civil también pidieron a la CIDH que dicte medidas cautelares para proteger a los jueces de la Corte Constitucional debido a que podrían sufrir represalias por haber fallado en contra del Ejecutivo, detalló a la prensa el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas.

Rodas, que se sentó junto a los activistas, alertó de la “fragilidad” del Estado de Derecho en Guatemala y expresó su preocupación por la posibilidad de que el país centroamericano se convierta en una “nueva” Nicaragua, donde centenares de personas han muerto en protestas desde abril.

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